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16 mayo, 2011

~MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA | Constitución y derechos humanos

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PLAZA PÚBLICA

 

 

El viernes pareció disiparse el riesgo de que presiones del fundamentalismo católico impidieran la aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos. Reunidos en Veracruz los presidentes de las legislaturas estatales, convocados por el diputado Eduardo Andrade, que encabeza la veracruzana, se estableció el consenso de impulsar el visto bueno de los Congresos locales a esa reforma.

 

La marcha nacional por la paz con justicia y dignidad incluyó entre sus reclamos urgentes dicha aprobación, lo que suponía derrotar el cabildeo que en sentido contrario realizaban grupos ultramontanos que al no poder impedir la magna operación reformadora en el Congreso de la Unión, buscaron estorbar el curso que debe seguirse en los estados hasta conseguir el voto de "la mayoría" de las legislaturas locales. Hasta antes de la reunión del segundo foro de presidentes de las legislaturas de los estados, habían aprobado la reforma los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

 

Continúa ejerciéndose presión sobre las restantes legislaturas, especialmente las correspondientes a entidades gobernadas por Acción Nacional. A diferencia de la campaña que el año pasado reformó las constitucionales locales para consagrar en ellas el derecho a la vida, preámbulo a legislación penal muy restrictiva en materia de reproducción y opciones sexuales, en esta ocasión los legisladores priistas no se han sometido o aliado a los panistas, que llevaron la conducción de aquel proceso, notoriamente impulsado desde un motor central.

 

El conservadurismo católico se sintió especialmente ofendido porque en el artículo primero de la Constitución, reformado, se garantiza a las personas elegir, entre otros derechos, la preferencia sexual que les plazca. Cuando el texto se aprobó en el Senado, en marzo reciente, un grupo de legisladores panistas fracasó en su intento de suprimir tal derecho. Visitantes a la cámara que los apoyaban se manifestaron en contra de ese contenido de la reforma, alegando que con ello se alienta el libertinaje sexual y se induce a la práctica del aborto. Se ha pretendido después refinar ese argumento absurdo, alegando que con el conjunto de enmiendas el Estado mexicano pierde soberanía. Aluden a la obligación (que queda explícita en el texto constitucional y está vigente aun cuando no se la hubiera inscrito en la carta magna), de respetar los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales sobre la materia. Ciertamente, ese es uno de los aspectos medulares de la reforma, que ayudará a vencer la renuencia pueblerina a aplicar esa legislación internacional.

 

La búsqueda de un nuevo estatuto para los derechos humanos en la Constitución o, como se decía en la retórica priista de antaño, de elevarlos "a rango constitucional" se inició hace mucho tiempo, desde que Santiago Creel era secretario de Gobernación y Francisco J. Paoli subsecretario de desarrollo político. Los grupos civiles que lo promovían tuvieron que recoger los restos de los anteproyectos elaborados entonces e insistir en sucesivas legislaturas su aprobación. Tan complicado fue el proceso que la Cámara de Diputados se ocupó tres veces del tema, por desacuerdos con el Senado. Finalmente se impuso el consenso laboriosamente conseguido y la reforma fue enviada en marzo mismo a los congresos locales, donde no se han apresurado a considerarla.

 

Más claramente en la etapa del predominio priista, pero aun ahora, las legislaturas locales no toman a pecho su papel en el proceso de reforma constitucional. Solía procederse mecánicamente a aprobarla, pero con parsimonia que nadie reprochaba. Se llegó a extremos como el de cometer aprobaciones sólo en el papel, cuando las legislaturas estaban en receso. Para no tener que interrumpirlo materialmente, es decir para no reunir a los diputados, se emitía una convocatoria, se levantaba el acta de una sesión que no había ocurrido y listo, el trámite estaba concluido y enviado al Congreso federal para que allí se realizara el cómputo y se declarara reforma la Constitución.

 

Salvo un caso reciente, que adquiere nuevo interés por la nueva posición de su protagonista, no recuerdo ningún voto en contra de una reforma constitucional (por lo cual los cabilderos que suponemos ahora fallidos pretendían realizar una verdadera hazaña). Entre septiembre y octubre de 2007 se efectuó el recorrido de la reforma a la carta magna en materia electoral lograda poco antes y el gobernador Humberto Moreira, actuando sin embozo como jefe de sus diputados, se adelantó a decir que la legislatura local no aprobaría la reforma y así ocurrió. Su posición fue inocua en términos prácticos, porque todas las demás legislaturas obraron en sentido contrario. Pero el desplante del gobernador, aunque no quedaran claros sus móviles, sirvió para mostrar el férreo control político que ejercía en su entidad (y que lo ha llevado a imponer como su sucesor a su hermano Rubén) sino a mostrar su credo en materia electoral, relevante ahora que encabeza al PRI.

 

Alegó Moreira que la reforma ofendía a los estados por permitir a una autoridad electoral federal entrometerse en las elecciones estatales, que los gobernadores pretenden controlar directamente. El fondo de la reforma consistió, como se sabe, en modificar de raíz el régimen de la comunicación electoral, sacando la propaganda de los partidos del comercio en los medios electrónicos y en otorgar al IFE el manejo de los tiempos respectivos.

 

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http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/626052.constitucion-y-derechos-humanos.html

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30 abril, 2011

~Gustavo Leal F. ~ Guardería ABC, ¿qué hizo Calderón con el dictamen de la Corte?

En su fallo del 6 de octubre de

 

 

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En su fallo del 6 de octubre de 2010 sobre la tragedia de Hermosillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió que: en los hechos del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en el municipio de Hermosillo, Sonora, se incurrió en violaciones graves de garantías individuales; se vulneraron los derechos del niño, de protección a la vida, a la integridad física y a la salud.

 

El dictamen estableció que por mayoría de seis votos de los ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a que se vulneró el derecho a la seguridad social. Los ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales y Valls Hernández votaron en contra.

 

Así como que por mayoría de siete votos de los ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a reconocer la legalidad del sistema de guarderías subrogadas a particulares. Los ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo y Silva Meza votaron en contra.

 

Se consideró también necesario precisar las acciones mínimas que como máximo tribunal de la nación sugiere, sean implementadas a fin de prevenir y evitar que vuelvan a suceder casos semejantes. Ellas son:

 

Autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país:

 

1.Redimensionar la acción pública para que en toda política legislativa, administrativa o judicial donde se vean involucrados los derechos de los infantes, se atienda al interés superior del niño, el cual exige medidas de protección reforzada.

 

2. Revisar la normatividad referente a la seguridad de los menores en los centros a los que eventualmente acceden, tales como hospitales, escuelas, centros de recreación y, muy especialmente, guarderías. Tal normatividad debe atender a las más altas exigencias que demanda la protección de la integridad física de los menores.

 

Congreso de la Unión:

 

1. Evaluar las mejores prácticas en la materia y las alternativas en el sistema de prestación de servicios por parte de particulares, de tal forma que la asignación de los contratos de prestación de servicios sea únicamente a través de licitación pública; por lo que el criterio para la asignación del servicio no debe ser la minimización del costo, sino la calidad y seguridad del mismo.

 

2. Establecer un órgano no sólo coordinador nacional del servicio de guarderías, sino que también funja como supervisor de todos los aspectos del servicio, mismo que dé propuestas en cuanto a las políticas públicas relacionadas para ser transformadas en acuerdos y lineamientos generales por parte del Consejo Técnico.

 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

1. Revisar las condiciones en que se presta el servicio de guarderías bajo el régimen de subrogación, a efecto de que se corrijan, con suficiencia y de manera expedita, las fallas estructurales que presenta dicho sistema, haciéndolas llegar a la autoridad legislativa.

 

2. Implementar mecanismos de control específicamente para la actuación de los delegados estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 

3.Implementar un mecanismo de control que asegure un cumplimiento efectivo de los requisitos legales para el otorgamiento de contratos de subrogación.

 

4. Establecer indicadores de desempeño económico que midan la eficacia, eficiencia y calidad en la prestación del servicio de guarderías, haciendo públicos los resultados.

 

5. Homologar las condiciones de operación de las guarderías en materia de protección civil, así como los criterios de supervisión y adecuarlos a la normatividad vigente.

 

6. Adecuar los formatos de inspección con base en los cuales las autoridades del instituto emiten los dictámenes en materia de seguridad.

 

7. Realizar supervisiones continuas a las guarderías operadas por particulares.

 

8. Instrumentar políticas eficaces para capacitar al personal de dichos centros y que sea continua.

 

9. Dar seguimiento puntual a las observaciones realizadas en las visitas de inspección hasta su total cumplimiento.

 

10. Implementar políticas efectivas que garanticen que en dichos centros, en todo momento, se cuente con la cantidad adecuada de personal en relación con el número de menores presentes.

 

11. Establecer un sistema de publicidad para que los padres de familia estén informados sobre el cumplimiento oportuno de los requisitos necesarios para la operación de las guarderías.

 

12. Brindar la mejor atención médica posible a los niños afectados en el incendio de la Guardería ABC, que se dé seguimiento a su evolución médica y que se garantice, con suficiencia, la reparación del daño.

 

13. Incrementar los esfuerzos que hasta el momento ha realizado el instituto para la reparación del daño a los padres de los menores fallecidos, lesionados y expuestos, con el objetivo de asegurar que las familias afectadas recuperen el nivel de vida que tenían antes de la tragedia.

 

Además de otras acciones sugeridas al estado de Sonora y al municipio de Hermosillo, la SCJN consideró que el dictamen deberá ser remitido a los órganos en que ejercían su cargo los funcionarios señalados como responsables: director general del IMSS, gobernadores de los estados, jefe de Gobierno del DF, cámaras del Congreso de la Unión, poderes legislativos estatales, ALDF, secretario de Salud y secretario de Educación Pública.

 

Entretanto, ¿qué ha hecho Felipe Calderón? Usar electoreramente 8 mil 800 estancias changarro de la Secretaría de Desarrollo Social y ubicar a Juan Molinar Horcasitas como secretario de Acción de Gobierno del PAN.

 

autor: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

 

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http://www.jornada.unam.mx/2011/04/30/index.php?section=opinion&article=021a1pol

 

 

https://culturacienciayarte.files.wordpress.com/2011/04/marcha06abrilno252bsangre.jpg?w=300

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